Gremios aseguran que la crisis no empezó en los muelles, empezó en las oficinas
Actualidad10/06/2025
Sergio Bustos
El conflicto pesquero continúa.
Funcionarios de la provincia de Chubut denunciaron que la Secretaría de Trabajo de Nación se desentendió del conflicto pesquero. Afirmaron que el abandono institucional generó pérdidas millonarias y dejó sin respuestas a empresas, trabajadores y gobiernos provinciales.
El conflicto se mantiene desde hace varios meses y paraliza a la flota pesquera en aguas de jurisdicción nacional. La inacción de Nación perjudica a cinco provincias del litoral marítimo, entre ellas Chubut, que realizó gestiones sin tener facultades legales.
La Secretaría de Trabajo, bajo la órbita de Julio Cordero, cerró la etapa administrativa con un llamado a las partes para que resuelvan solas el conflicto. El Gobierno nacional no intervino con medidas concretas ni propuso una mesa federal.
“La crisis no nació en los muelles, nació en las oficinas”, expresaron desde el SOMU y el SUPA. Los gremios responsabilizaron a Nación por la falta de gestión política y reclamaron el reinicio urgente de la actividad pesquera.
La actividad genera 1800 millones de dólares en exportaciones por año y sostiene miles de empleos directos e indirectos en la Patagonia. La parálisis impide que el país reciba divisas en un momento económico crítico.
Desde Chubut se desplegaron esfuerzos para contener la crisis. Funcionarios del Ejecutivo provincial mantuvieron reuniones con todos los actores del sector, aunque reconocieron que no pueden resolver una situación que depende de decisiones federales.
El gobernador Ignacio Torres intervino personalmente en la etapa previa de la temporada pasada. Coordinó 27 encuentros entre sindicatos y empresarios, incluyendo reuniones de madrugada, para destrabar una situación similar y permitir la apertura de la zafra.
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La captura de langostino durante la temporada 2024/2025 en Rawson alcanzó cifras récord. Se pescaron 106 mil toneladas con certificación internacional MSC, lo que permitió ubicar a Chubut como referencia en sostenibilidad y productividad pesquera.
“Nación debería tomar el ejemplo”, expresaron fuentes del sector. Indicaron que gobernar implica intervenir, mediar y resolver, no esperar soluciones espontáneas mientras las pérdidas se multiplican y el empleo se resquebraja en los puertos.
La falta de respuestas agrava la situación en Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia. Las plantas procesadoras redujeron su actividad al mínimo y los buques siguen amarrados sin certezas sobre el futuro inmediato.
Los marineros, estibadores y técnicos pesqueros enfrentan un panorama incierto. La caída de ingresos, sumada a la inflación, coloca a cientos de familias en una situación de alta vulnerabilidad social en toda la región.
Los gremios señalan que no pueden sostener más tiempo la situación. Advirtieron que se agota la paciencia y que sin medidas urgentes, el conflicto puede derivar en protestas, cortes y acciones gremiales de mayor impacto.
El gobierno de Chubut reiteró su pedido a Nación para que actúe. Insisten en que la solución depende del Gobierno nacional, ya que el conflicto se desarrolla en aguas de jurisdicción federal.
Empresarios del sector también se sumaron al reclamo. Advirtieron que el Estado nacional resigna millones de dólares al no permitir la salida de los barcos y frenar toda la cadena de valor exportadora.
La pesca es una de las principales fuentes de divisas genuinas. En el actual contexto macroeconómico, cada día de parálisis significa menos ingresos fiscales y más tensión entre las provincias y la Casa Rosada.
Las cámaras empresarias responsabilizan a la falta de diálogo institucional. Afirman que ningún funcionario nacional se presentó en las reuniones realizadas en Chubut para intentar encauzar una solución consensuada y realista.
El subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, tampoco participó de los encuentros más críticos. Desde el sector aseguran que su rol es limitado y que las decisiones no se toman en su oficina.
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La parálisis afecta a todos los actores de la cadena. Transporte, logística, combustible, alimentación y servicios dependen del movimiento de los buques y de la dinámica productiva de los puertos.
El SUPA advirtió que muchas plantas corren riesgo de cierre. Sin actividad, no hay trabajo ni ingresos para sostener a los empleados ni a las inversiones realizadas durante los últimos años.
El SOMU sostuvo que la responsabilidad es política. “No podemos aceptar que el Gobierno nacional mire para otro lado mientras cientos de trabajadores pierden su fuente laboral”, expresó el sindicato en un comunicado.
Chubut intenta proteger el modelo de negociación que ya funcionó en 2023. Pero reconocen que sin Nación, las soluciones son parciales, lentas e insuficientes para garantizar el inicio de la temporada.
Las exportaciones de langostino ya mostraron una caída interanual. El conflicto impide cumplir con contratos internacionales, lo que daña la imagen del país en mercados estratégicos como Europa y Asia.
Las empresas calculan pérdidas por millones de dólares. La incertidumbre también frena inversiones y dificulta el acceso al crédito para continuar con la actividad.
El Estado nacional pierde recaudación por derechos y tributos. La falta de producción impacta directamente en los ingresos fiscales por exportaciones y genera tensión con provincias pesqueras.
El conflicto amenaza con extenderse al resto del litoral atlántico. Otras provincias ya expresaron preocupación por la falta de decisiones y por la inacción del Gobierno central.
Los sindicatos preparan nuevas medidas si no hay respuestas. Podrían lanzar movilizaciones conjuntas en Capital Federal para visibilizar el reclamo y exigir la intervención urgente de las autoridades nacionales.
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El gobernador Ignacio Torres pidió respeto por las provincias. “No vamos a permitir que la desidia de Nación hunda a la pesca patagónica”, afirmó durante un acto en Puerto Madryn.
Desde Nación no emitieron respuestas oficiales. La Secretaría de Trabajo no volvió a convocar a las partes ni anunció propuestas para resolver la situación.
El conflicto pesquero se transformó en una crisis política. La falta de gestión nacional enfrenta a los gobernadores del sur con el Ejecutivo central en un nuevo frente de tensión institucional.
La Patagonia espera una decisión que aún no llega. Mientras tanto, los barcos siguen amarrados, los trabajadores sin actividad y el país sin divisas que ya estaban listas para ingresar.
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