Un fallo de EE.UU. condenó a Argentina, pero una apelación silenciosa podría salvarla

El fallo por la expropiación de YPF puso a la Argentina contra las cuerdas. La jueza Loretta Preska ordenó al país ceder el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital, lo que equivale a una deuda de US$16.000 millones. Pero mientras el gobierno promete apelar, una fundación norteamericana ya activó otra vía legal que podría dar vuelta el caso.

Se trata de Republican Action for Argentina Inc. (RAFA), encabezada por el abogado argentino-estadounidense Fernando Irazu. Desde hace meses, RAFA presentó una apelación ante la misma Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, y sus argumentos podrían modificar el escenario judicial.

"El caso debió resolverse en la Argentina, porque nació de un fraude interno", sostiene Irazu. Según su planteo, la familia Eskenazi, el Grupo Petersen y funcionarios del kirchnerismo montaron un esquema para vaciar YPF, luego quebrarla de forma simulada y facilitar la venta de la demanda a Burford. “Es corrupción, no una expropiación”, insiste.

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El eje del reclamo es que la justicia estadounidense no puede fallar sobre delitos de origen local, protegidos por la inmunidad soberana. Por eso, RAFA exige que la causa vuelva a los tribunales argentinos, en particular al juzgado federal de Ariel Lijo, que nunca investigó los hechos denunciados desde 2007.

“Los Eskenazi compraron acciones con plata prestada por Repsol y bancos extranjeros, pagaron con dividendos y al momento de la expropiación debían una cifra menor. Se autodeclararon en quiebra y generaron una demanda artificial”, explicó Irazu a iProfesional. Según él, esa maniobra fue posible por la pasividad judicial local.

RAFA ya presentó su alegato escrito y espera la fecha de su exposición oral. Si el tribunal acepta sus argumentos, podría anular el fallo de Preska y frenar el pago multimillonario. A su vez, pidió una investigación criminal en EE.UU. por posible lavado de activos y fraude judicial. El expediente ahora espera el avance del proceso oral ante tres jueces federales.

El gobierno de Milei también prometió apelar. La Procuración del Tesoro trabaja en una presentación propia que podría coincidir en tiempo y fuero con la apelación de RAFA. Pero mientras el oficialismo guarda silencio, la pregunta sobre qué hizo el Estado argentino para defenderse sigue sin respuesta.

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El juez Lijo, señalado como responsable por no investigar el origen del caso, fue propuesto por Milei para la Corte Suprema, pero su pliego fue rechazado. Irazu, junto a la abogada María Eugenia Talerico y el senador Francisco Paoltroni, denunció al magistrado por omisión. El caso cayó en el juzgado de Sebastián Ramos.

“Si la Corte de Apelaciones nos da la razón, el fallo de Preska podría caer”, asegura Irazu. Para eso, también pide que la justicia argentina unifique las causas y actúe con celeridad. “El fraude no se juzga en otro país, se juzga donde ocurrió”, resume.

Mientras tanto, la sentencia de los US$16.000 millones sigue firme. Burford espera su cobro, la Argentina prepara su defensa y en Nueva York una fundación silenciosa podría reescribir el final de esta historia.