Investigan a empresario por casi mil millones en obras inconclusas de gasoductos en Santa Cruz
Actualidad05/08/2025
REDACCIÓN
Gasoducto imagen ilustrativa
El empresario Jorge “Corcho” Rodríguez Mundin es investigado por el presunto desvío de fondos públicos vinculados a una obra de gasoductos que no se ejecutó en Santa Cruz. La denuncia, impulsada por la Oficina Anticorrupción y ratificada por la UCR provincial, refiere a pagos por más de 950 millones de pesos realizados en diciembre de 2015 a la empresa BTU, que “no concluyó los trabajos comprometidos”, según consta en el expediente judicial.
La causa se centra en un convenio firmado entre el Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría de Energía, Nación Fideicomisos, la provincia de Santa Cruz, la empresa provincial Distrigas y la firma BTU. El acuerdo fue rubricado en 2010, y preveía la ampliación de redes de transporte de gas natural en distintos puntos de la provincia. “Los avances fueron aprobados por Santa Cruz sin intervención técnica del Enargas”, sostiene el comunicado de la UCR.
OTRAS NOTICIAS:
El juez Claudio Bonadío retomó la investigación ante nuevas pruebas sobre los movimientos financieros del empresario, quien también fue mencionado en la causa de los cuadernos. Aunque no permaneció detenido, “Mundin acumuló un patrimonio elevado que no logra justificar con actividades lícitas”, afirman desde el sector denunciante. Parte del dinero se habría canalizado en operaciones bursátiles y compra de acciones.
La Oficina Anticorrupción busca determinar por qué se liberaron fondos por montos millonarios cuando las obras estaban lejos de completarse. Según el expediente, los pagos “se realizaron sin certificaciones técnicas suficientes y con aparentes sobreprecios”. La falta de controles externos y la omisión del ente regulador nacional generan sospechas sobre la maniobra.
El comunicado emitido por la UCR Santa Cruz destaca que la obra en cuestión “estuvo plagada de irregularidades”. Los fondos estaban destinados a mejorar la infraestructura energética provincial, pero “los gasoductos nunca llegaron a construirse”, indican. El monto abonado a BTU alcanza los 974 millones de pesos, una cifra que en su momento representó una inversión significativa para la zona.
OTRAS NOTICIAS:
El caso cobra nueva relevancia por tratarse de recursos públicos cuyo destino final permanece sin aclarar. La falta de ejecución de la obra no solo dejó a comunidades sin acceso al gas natural, sino que “generó un perjuicio económico difícil de reparar”, según los referentes del partido opositor. Los informes presentados incluyen documentación técnica y registros contables.
La causa forma parte de una serie de investigaciones iniciadas durante el último tramo del gobierno kirchnerista. En ese periodo, se aprobaron numerosos convenios de infraestructura bajo la gestión del entonces ministro Julio De Vido. “Muchos de esos acuerdos ahora se revisan por presunta corrupción y desvío de fondos”, señaló una fuente judicial vinculada a la investigación.
OTRAS NOTICIAS:
Los avances de la causa dependen ahora de pericias contables y del entrecruzamiento de datos bancarios. La Fiscalía busca establecer vínculos entre las empresas adjudicatarias, los funcionarios intervinientes y los movimientos de dinero posteriores al cobro. “El circuito del dinero es lo que permitirá esclarecer responsabilidades”, explicaron los investigadores.
Desde la oposición provincial pidieron que se garantice transparencia y se avance con celeridad en la causa. Consideran que el caso es representativo de una “modalidad sistemática de corrupción” que afectó a la provincia durante años. La expectativa está puesta en que se pueda recuperar parte de los fondos desviados y sancionar a los responsables.
Fuente: La Vanguardia
Te puede interesar
