Langostinos, cocaína y condenas: la historia criminal detrás del caso Langostino Santo

Por Sergio Bustos

Mi Archivo21/09/2025

Mi Archivo La historia criminal detrás del caso Langostino Santo

En 2013, un cargamento de langostinos que debía salir desde Puerto Madryn hacia España contenía 110 kilos de cocaína de alta pureza. Diez años después, los principales responsables fueron condenados. El entramado narco involucró empresas pesqueras, operadores logísticos, etiquetas adulteradas, nexos europeos y errores fatales.e

La madrugada del 10 de junio de 2013, una empleada de la planta pesquera Poseidón, ubicada en Puerto Madryn, notó algo extraño en una de las cajas de langostinos. Debía cambiar las tapas de las unidades que serían exportadas a España, pero al manipular una de ellas, cayó al suelo un paquete con envoltorio celeste. La escena desató uno de los operativos antidroga más resonantes en la historia judicial de Chubut. En el interior de las cajas, camuflados entre langostinos congelados con etiquetas adulteradas, se hallaron 110 kilos de cocaína con un 88% de pureza. El destino era la empresa Royal Peche SL, con sede en Valencia, España.

Las cajas eran parte de un cargamento de más de cuatro toneladas que había salido por tierra desde Mar del Plata en un camión Mercedes Benz con caja térmica conducido por Diego Gastón Naddeo. El transporte fue contratado y pagado por Juan Eduardo Burgos, ex taxista marplatense devenido en empresario, junto a Salvador Parra Gómez, ciudadano español con antecedentes por narcotráfico en su país. Ambos eran socios en Mar Pesca Azul SRL, empresa fundada el 7 de diciembre de 2012, según consta en el expediente judicial. El vínculo se había originado cuando Parra Gómez se subió a un taxi en Mar del Plata y, durante un viaje a Pinamar, le propuso a Burgos entrar en el negocio exportador.

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El lugar donde se acondicionó la droga fue Letter Alimentos, una planta ubicada en Irala y Talcahuano, también en Mar del Plata, propiedad de Rubén Lev. Allí, Burgos y Parra Gómez embalaron la carga. Las 366 cajas de langostinos contenían etiquetas de la Cooperativa de Trabajo Los Marplatenses, supuesta exportadora, y la habilitación sanitaria UE 4351. Pero esa numeración correspondía en realidad a Consermar, una empresa de Trelew cuyo titular era Javier Ortiz, socio del entonces presidente de Poseidón, Héctor Omar “Cura” Segundo.

El detalle más revelador es que la Cooperativa Los Marplatenses no estaba autorizada por SENASA a exportar a la Unión Europea. La irregularidad, sumada a la falta de certificaciones sanitarias, obligó a hacer un reempaque de emergencia el 8 de junio, dos días antes del hallazgo. Allí fue cuando, por un descuido, una de las cajas dejó al descubierto el narcótico.

El fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, reconstruyó con detalle la estructura delictiva. El nexo entre los españoles y la planta chubutense fue el broker pesquero Nicolás Seoane, hombre de confianza de Pennisi y Segundo, con quienes mantenía una relación comercial y personal desde hacía años. Seoane, según la Justicia, fue “pieza esencial del entramado”, el encargado de vincular a Parra Gómez, Alfredo Aranda Barberá y Burgos con Poseidón SA.

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El 15 de mayo de 2013, el camión con la carga partió desde Mar del Plata. Dos días después, el 17, fue descargado en la Cámara N°5 de la planta Poseidón, donde permaneció refrigerado hasta el 10 de junio, día del hallazgo. El control zoofitosanitario de San Antonio Oeste, en Río Negro, revisó superficialmente la carga y autorizó su circulación. Según el chofer Naddeo, nadie notó nada irregular.

La droga estaba distribuida en pequeñas cajas con la etiqueta “Gambón crudo congelado”. Cada una contenía entre uno y dos paquetes de cocaína y se ubicaban en el fondo de las cajas grandes, de forma tal que al abrir por arriba solo se vieran tapas limpias. Este mecanismo debía resistir los controles de SENASA y Aduana sin delatar la operación. La intención era evitar puertos con escáneres potentes, por eso el envío fue derivado a Madryn.

La acusación formal incluyó a Burgos y Seoane como coautor y partícipe necesario, respectivamente, del delito de transporte de estupefacientes agravado. También se imputó a Segundo y Alejandro Pennisi, directivos de Poseidón, por almacenamiento de estupefacientes, figura que también prevé penas de 4 a 15 años.

El fiscal Gélvez, junto al fiscal general de Procunar, Adolfo Villatte, consideró que todos los involucrados “eran sabedores del contenido real de la carga” y que “la calidad del langostino no era apta para exportación”, por lo que difícilmente se hubiera comprometido el nombre de la empresa sin pleno conocimiento de lo que se ocultaba.

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El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia. Alfredo Aranda Barberá fue condenado a 9 años de prisión como autor del delito de transporte de estupefacientes. Nicolás Seoane recibió también 9 años por su rol esencial en la logística, y Juan Eduardo Burgos fue condenado a 4 años como partícipe secundario. Héctor Omar “Cura” Segundo fue encontrado culpable de almacenamiento de estupefacientes y recibió también 9 años de prisión. El único absuelto fue Salvador Pennisi, por falta de pruebas directas de su involucramiento.

Los jueces Enrique Guanziroli, Nora Cabrera De Monella y Luis Giménez consideraron en su fallo que “la conducta de Aranda Barberá fue la de autor mediato” y que Seoane, desde su rol de broker, “supervisó tareas para asegurar que el embarque saliera indemne del país”. Sobre Burgos afirmaron que “pasó de chofer de taxi a socio gerente de una SRL en pocos días, cumpliendo funciones clave en la preparación de la carga”.

El fallo también valoró el uso de comunicaciones encriptadas, el vínculo directo entre Seoane y Segundo, y el hecho de que Seoane alquiló su vivienda en Trelew con Poseidón SA como garante solidario, lo que reveló una relación que excedía lo comercial. Para el tribunal, “sin la intervención de Segundo y Pennisi, la operación no hubiera podido concretarse”. Aunque este último fue finalmente absuelto, la acusación original indicaba que Poseidón prestó sus instalaciones “con conocimiento y aceptación de lo que se ocultaba en las cajas”.

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La causa quedó registrada como expediente 22420/2013, conocida informalmente como “Causa Langostinos” o “Poseidón”. La Procuraduría de Narcocriminalidad continúa investigando el origen colombiano de la droga, y hay órdenes de extradición activas para Parra Gómez y Aranda Barberá, que se encuentran localizados en Marruecos y España, respectivamente.

La historia que comenzó con un viaje en taxi entre Mar del Plata y Pinamar terminó una década después con cuatro condenas firmes, un operativo frustrado y una postal más del narcotráfico que acecha a la industria pesquera argentina. El langostino, por su capacidad de ocultamiento y su valor de mercado, sigue siendo un socio ideal para el contrabando de cocaína. Esta vez, el descuido de una tapa fuera de lugar bastó para que el cargamento no cruzara el Atlántico.