Conductores ebrios o imprudentes deberán pagar sus gastos médicos al Estado

En una sesión extraordinaria, el parlamento rionegrino dio el visto bueno mayoritario a un proyecto que busca proteger los recursos del sistema de salud pública. La iniciativa, impulsada por el legislador Fernando Frugoni, establece que aquellos conductores que provoquen un siniestro vial tras haber consumido alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado provincial los gastos derivados de su asistencia médica y la de terceros damnificados. La medida también alcanza a quienes incurran en conductas irregulares graves, como cruzar semáforos en rojo o circular a velocidades prohibidas por la normativa vigente.

Durante el tratamiento en el recinto, Fernando Frugoni resaltó el trabajo de sus pares Lucas Pica y Facundo López, quienes sumaron modificaciones técnicas para asegurar que la provincia recupere efectivamente el dinero invertido. El autor del proyecto aprovechó la exposición para marcar una diferencia con otros sectores parlamentarios que evitaron acompañar la propuesta o demoraron su llegada al debate sin ofrecer alternativas de mejora. Según explicaron los legisladores, el objetivo es evitar que los ciudadanos solventen con sus impuestos las consecuencias de actos de irresponsabilidad individual frente al volante.

La normativa especifica que el cobro se ejecutará en aquellas situaciones donde las obras sociales o las compañías de seguros no cubran los gastos generados por la atención sanitaria. Además del consumo de sustancias, la ley define como faltas graves las maniobras de conducción temeraria y el circular sin la licencia habilitante o con el registro ya vencido. De esta forma, se busca que la carga económica del auxilio médico recaiga directamente sobre el infractor y no sobre el presupuesto general del Ministerio de Salud.

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El organismo sanitario funcionará como la autoridad de aplicación y tendrá la tarea de fijar los aranceles según un nomenclador oficial que se determine en la reglamentación. El personal administrativo deberá certificar la deuda con carácter de título ejecutivo, lo que agilizará los procesos judiciales de cobro en caso de que los responsables se nieguen a pagar de forma voluntaria. Este mecanismo administrativo pretende dotar al Estado de una herramienta rápida para resarcir las arcas públicas ante situaciones de negligencia extrema.

Otro punto destacado de la propuesta es la obligatoriedad de realizar una capacitación en seguridad vial para quienes hayan requerido la asistencia del sistema público tras provocar un choque. Esta instancia formativa busca reducir la reincidencia y concientizar a los conductores sobre los peligros de las conductas irregulares en la vía pública. Los responsables no solo enfrentarán el costo económico de las curaciones, sino que deberán cumplir con este requisito educativo para regularizar su situación ante el registro provincial.

En cuanto al destino de los fondos recuperados, la ley prevé un esquema de reinversión social para fortalecer la seguridad en las rutas y calles rionegrinas. El 20% de lo recaudado se asignará a programas oficiales de prevención y concientización, financiando campañas públicas de educación vial. Asimismo, una parte de estos recursos llegará a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con víctimas de siniestros viales, apoyando la labor comunitaria en esta problemática que afecta a toda la provincia.

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La aprobación en primera vuelta marca un camino firme hacia la sanción definitiva de una herramienta que ya genera repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad. Los defensores de la ley sostienen que se trata de un acto de justicia distributiva, donde quien rompe las reglas y consume recursos escasos del hospital debe hacerse cargo de la factura. Por el contrario, el sistema público seguirá garantizando la atención inmediata de la emergencia, pero con la garantía posterior de perseguir el cobro de las prestaciones efectuadas.

La implementación de este sistema de recupero exigirá una coordinación fina entre el personal hospitalario, que debe registrar el ingreso del paciente y las causas del siniestro, y las áreas jurídicas del gobierno. La transparencia en el manejo del nomenclador de servicios médico-asistenciales resultará vital para que los montos exigidos se ajusten a los costos reales de mercado. Con esta ley, Río Negro se suma a las jurisdicciones que buscan endurecer las sanciones económicas contra quienes ponen en riesgo la vida ajena bajo el efecto de sustancias.

Se espera que la segunda vuelta y la posterior reglamentación terminen de pulir los detalles operativos para que la ley entre en vigencia durante el próximo ciclo legislativo. Mientras tanto, el debate continúa abierto sobre el impacto que tendrá esta medida en la conducta de los automovilistas. Lo que queda claro tras la sesión extraordinaria es que el Estado provincial no pretende seguir financiando de manera gratuita las consecuencias de la imprudencia y el desprecio por las normas de tránsito.