La apertura comercial volvió al centro del debate en 2026 tras cierres y licitaciones perdidas

La discusión por aranceles se reactivó tras cierres industriales y licitaciones perdidas. Economistas piden apertura, pero advierten que la transición puede golpear.

La discusión sobre la apertura comercial volvió a encenderse en Argentina en un clima que mezcla promesas de crecimiento y señales de tensión en sectores productivos. En el arranque de 2026, el debate ya no se plantea solo como una idea de largo plazo: se alimenta de episodios concretos ocurridos en los últimos meses. Un cierre de planta de electrodomésticos a fines de 2025 y la pérdida de una licitación frente a una firma de India para proveer tubos de un gasoducto ejecutado por empresas privadas se transformaron en disparadores políticos y económicos.

Detrás de esos casos, el texto plantea una pregunta insistente: qué pasa cuando se baja la protección y una parte de la industria queda expuesta a competir. La discusión, marcada desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se recuesta sobre una lógica que viene acompañando a la Argentina desde hace décadas: aranceles que sostienen sectores, consumidores que pagan más, y un sistema que gana rigidez a medida que se acumulan excepciones. La controversia, además, se vuelve áspera porque la producción nacional suele aparecer como un valor en sí mismo, aunque el texto advierte que esa defensa muchas veces deja costos ocultos.

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El razonamiento central que recorre la fuente es que la protección no actúa en un solo lugar, sino que se distribuye por la economía de manera silenciosa. Si un producto protegido sube de precio, el salario real pierde poder de compra en otras decisiones de consumo, y ese ajuste puede trasladarse a otros sectores. La idea se resume en un ejemplo simple: si se paga más por un lavarropas, queda menos margen para gastar en otros bienes o servicios, lo que también implica “desproteger” actividades que dependen de esa demanda.

En esa línea, el texto sostiene que el aislamiento frente a la competencia internacional puede degradar calidad con el tiempo. El consumidor paga más y, además, corre el riesgo de recibir un producto peor que el disponible afuera, mientras la economía se acostumbra a sostener sectores por norma y no por eficiencia. Esa combinación sostiene empleo en industrias protegidas, pero deteriora el poder de compra del salario en términos generales, una tensión que en Argentina aparece en oleadas recurrentes.

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La fuente suma un enfoque histórico y duro: plantea que buena parte del último siglo argentino puede leerse como una economía que se cierra y se abre de manera intermitente, con intentos incompletos y retrocesos posteriores. Describe un cierre al comercio internacional tras la crisis del 30 y la continuidad de herramientas de protección que exceden los aranceles: cuotas, tipos de cambio múltiples, racionamiento de divisas, trabas burocráticas y normas que operan como barreras. También compara importaciones y exportaciones como porcentaje del PBI en 2023 para mostrar el nivel de encierro relativo frente a Chile, México y España.

Sin embargo, el texto no se queda en la crítica al proteccionismo y advierte que la transición hacia otro modelo productivo no se resuelve con una consigna. Recuerda que ya hubo procesos de apertura que terminaron revertidos, con errores de implementación, presión de intereses creados y debates sobre “política productiva” y “coordinación” estatal. En ese punto, el foco se corre de la teoría a la dificultad política y social de sostener un rumbo sin volver a foja cero.

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Ahí aparece uno de los párrafos más inquietantes del material: el costo social de mover recursos de un sector a otro. El texto advierte que los trabajadores tienen habilidades específicas y que el traspaso no ocurre de un día para otro, porque nadie pasa sin fricción de una tarea industrial a programar una aplicación. En ese escenario, la transición puede terminar en desempleo o en informalidad, con ingresos más bajos, incluso si la tasa de desocupación no explota.

La fuente también cuestiona un enfoque que, según describe, aparece a veces en el discurso oficial: dar por sentado que todo empresario es “prebendario” y que sus empresas están destinadas a caer. Plantea que muchas firmas simplemente respondieron a incentivos preexistentes y que generalizar casos extremos como la electrónica de Tierra del Fuego o la industria textil masiva puede llevar a diagnósticos injustos y políticas torpes. Y suma un listado de obstáculos que, según el texto, hoy condicionan la reconversión: alta carga tributaria, regulación laboral “kafkiana”, infraestructura deficiente, costo de capital alto y dificultad de acceder al crédito.

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En ese marco, la nota introduce otro elemento sensible para 2026: la macro como condicionante de la apertura. El texto menciona tasas de interés elevadas y volátiles como un freno a la inversión, y señala que un tipo de cambio atrasado complica aún más a empresas que deben competir con el mundo mientras intentan adaptarse. La tesis no propone volver atrás con la apertura, pero sí sugiere que sin crédito, previsibilidad y condiciones competitivas, la reconversión puede transformarse en un golpe seco.

Hacia el final, la fuente plantea una salida intermedia que no pasa por elegir ganadores y perdedores desde un escritorio, sino por mejorar condiciones generales para que las empresas puedan desarrollarse. Menciona un enfoque asociado a Michael Porter y lo traduce en una agenda concreta: capital humano, infraestructura, tecnología, demanda, competencia y un sistema educativo que no desentone con lo que se pretende producir. En esa lógica, la apertura no se sostiene por voluntarismo, sino por instituciones y reglas que permitan que el cambio productivo no termine otra vez en un intento trunco.

Fuente: LA NACION.