Bajar la edad a 14 entra al Congreso, pero las experiencias de la región no acompañan

Política07/02/2026

Preso entre rejas

El oficialismo empuja un Régimen Penal Juvenil y mira modelos vecinos. Datos de homicidios y detenciones en América Latina muestran resultados dispares y dudas abiertas.

El debate por el Régimen Penal Juvenil vuelve al centro de la agenda con una decisión que busca cambiar el tablero: llevar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La iniciativa llega a Diputados con la promesa de endurecer la intervención judicial y, al mismo tiempo, con un segundo eje menos visible pero decisivo: un esquema de financiamiento nacional para reforzar infraestructura penitenciaria provincial. En el fondo, el proyecto mezcla dos discusiones distintas, seguridad y capacidad real del sistema, y eso condiciona cualquier resultado posible.

Según el texto, todavía faltan detalles finos del proyecto oficialista, pero se espera que la próxima semana comience el debate en la Cámara baja. Entre los argumentos centrales aparece la idea de “replicar la política regional”, como si la comparación con otros países ofreciera una respuesta automática. Sin embargo, cuando se miran números duros, la región devuelve una imagen más incómoda: la edad de punibilidad no siempre se traduce en menos violencia.

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En el plano internacional, el índice de homicidios se usa como parámetro de inseguridad porque suele contar con denuncia y registro. Con datos de Insight Crime, el texto señala que países de América Latina con punibilidad a los 12 años aparecen entre los peores registros: Ecuador (38,8 cada 100.000 habitantes), Honduras (25,3), Brasil (21,1), México (19,3), Costa Rica (16,6) y Panamá (12,9). La lista sugiere que la baja de edad, por sí sola, no funciona como garantía de reducción del crimen.

La excepción que destaca la nota es El Salvador, donde una política “radical” de detenciones que empiezan a los 12 años y fuerte presencia policial cambió de manera drástica el indicador. Según el texto, pasó de 60 homicidios cada 100.000 habitantes a 1,9, el mejor dato de la región. La comparación sirve para mostrar que la edad no opera aislada, sino dentro de un paquete de medidas de gran escala y con alto impacto institucional.

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El recorrido regional suma otra referencia: Bolivia, con punibilidad a los 14 años, figura como segunda nación mejor posicionada con 3 homicidios cada 100.000. En esa misma tabla, Argentina aparece con 3,8 y una caída del 42,4% de los asesinatos en la última década, según el texto. El dato introduce una tensión: el país redujo homicidios sin bajar la edad, lo que vuelve más complejo el argumento de que el cambio sea “la” respuesta.

También hay países con adolescentes punibles desde los 14 años que igual registran niveles altos. El texto ubica a Venezuela (26,2) y Colombia (25,4) como segundo y tercer peor registro regional, aun con punibilidad a los 14. Y suma a Uruguay, con edad en 13 años y una tasa de 10,6, como cierre del top ten. Los números no construyen una relación lineal entre edad y violencia, y esa falta de linealidad es, justamente, lo que vuelve espinoso el debate argentino.

El artículo agrega otro fenómeno que prende luces: países con homicidios relativamente bajos, pero con subas abruptas recientes. Según la fuente, Perú (6) y Chile (5,5) mantienen índices por debajo del estándar regional, aunque los asesinatos crecieron fuerte: 35,9% interanual en Perú y 139,1% en Chile, y ambos establecieron detenciones desde los 14 años. La conclusión no se enuncia como sentencia, pero el dato sugiere que la edad tampoco inmuniza frente a cambios violentos del contexto.

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En Argentina, el texto aporta una foto específica sobre el delito juvenil a través del Relevamiento de Dispositivos y Población Penal Juvenil de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El último informe, con datos de 2023, determinó que “el total de adolescentes con algún tipo de medida asciende a 4.299”, una baja del 40,03% frente a 2015, cuando eran 7.169. Dentro de ese universo, 20,7% cumple “medidas privativas de la libertad”, y el resto, 79,3%, queda en un terreno donde la discusión pública suele apagarse: qué políticas se aplican fuera del encierro.

La composición de los casos también marca un límite para simplificaciones. Del total de detenidos, 0,8% son adolescentes menores de 16 años y su principal delito es el robo sin agravantes, además de intervenir en 8 de 490 carátulas de homicidio de menores, incluidos culposos y tentativas. Cuando se observa a jóvenes de 16 o más, los delitos contra la propiedad concentran 54,8% de la incidencia, un perfil que empuja a pensar en prevención, seguimiento y herramientas judiciales específicas, no solo en sanción.

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La dimensión federal muestra otra arista: la distribución territorial de los detenidos en centros juveniles es muy desigual. Según el texto, 13 provincias tienen menos de 15 personas detenidas, mientras Buenos Aires concentra 51,4% de los casos (2.119), seguida por Córdoba (622 y 15,1%) y Mendoza (505 y 12,3%). A la vez, el Ministerio Público bonaerense estimó que la participación juvenil en el delito del distrito representa 2,25% del total de causas, un porcentaje que vuelve a tensionar la idea de que el problema principal se resuelve bajando la edad.

El artículo suma otro registro, de la Corte Suprema, que complejiza el cuadro por el volumen de causas iniciadas. La base de datos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados comenzó a generar estadísticas desde 2013 y marca que ese año se penalizó a 492 menores, con 32% de ellos con menos de 16. En el primer semestre de 2025, el número de jóvenes a los que se les inició una causa penal trepó a 945, un 4,2% más que en el mismo período de 2024, y el 57,1% no registraba causas previas.

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En las estadísticas anuales de 2024 de ingresos a la justicia provincial de menores por causas penales, el texto menciona 1.788 adolescentes, con 44,2% menores de 16 años. Y aparece un vacío que cambia la discusión: “no existe registro de ‘medidas no privativas de la libertad por causas penales’”, por lo que la definición judicial durante ese año quedó reducida a encierro o liberación. En esa tensión se juega buena parte del debate que llega al Congreso: si baja la edad, qué sistema la recibe, con qué infraestructura y con qué herramientas intermedias.

Fuente: Ámbito