La pelea por la estabilidad: el plan del Gobierno que modificará al Estado

Política14/02/2026

Con apoyo técnico del BID, Desregulación quiere rearmar carrera y reglas del Sinep; gremios desconfían y expertos piden concursos y salarios acordes.

En la Casa Rosada miran el empleo público como el próximo terreno de reforma, pero ya no desde el recorte sino desde el modo en que se ingresa, se asciende y se evalúa dentro del Estado. La iniciativa se cocina en el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger y apunta a construir una burocracia “profesional” con menos margen para la influencia política. El desafío, por ahora, se juega en una zona sensible: cómo se interpreta la estabilidad laboral y qué pasa cuando un agente no cumple funciones.

El Gobierno sostiene que el esquema actual quedó atravesado por superposiciones normativas y por una lectura “equivocada” de la estabilidad, entendida casi como imposibilidad de desvincular personal salvo faltas graves. Desde el ministerio lo resumen con una frase que busca marcar cancha: “La estabilidad no implica ausencia de obligaciones”. En esa lógica, aseguran que existen herramientas vigentes para actuar cuando alguien no trabaja, no cumple horarios o no responde a sus responsabilidades.

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En el centro de esa discusión aparece el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y la carrera administrativa de la planta permanente. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, lo explicó en términos de rediseño: “Estamos trabajando en la profesionalización del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), con el objetivo de repensar la planta permanente actual y su carrera administrativa”. Y puso el interrogante que guía la estrategia oficial: “¿Cómo logramos dar un Estado que sea profesional y que no dependa de la política?”.

La apuesta oficial promete cambios, pero evita anunciar una estructura paralela. En el propio Gobierno remarcan que “no vamos a impulsar ningún cuerpo nuevo ni un régimen paralelo, sino que vamos a trabajar sobre los recursos existentes”. Esa decisión dialoga con antecedentes que ya funcionan en la administración pública, aunque limitados a nichos: el Servicio Exterior, los Administradores Gubernamentales y la vieja carrera de economistas de gobierno.

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Mientras se discute el rediseño, el Gobierno exhibe medidas que ya aplicó con reglas actuales. Una de ellas es el pase a disponibilidad de empleados sin funciones asignadas, un mecanismo que deja al trabajador hasta un año con posibilidad de relocalización y, si no aparece destino, deriva en desvinculación. Fariña precisó el alcance: “fueron más de 1000 los casos alcanzados por esta medida”, y agregó que, aunque algunos episodios puntuales no prosperaron en tribunales, la mayoría de los fallos acompañó la postura oficial.

Para sostener la fase técnica del plan, la gestión sumó respaldo externo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación técnica no reembolsable por US$230.000 para acompañar la modernización del Estado, con foco en revisar estructuras, simplificar circuitos administrativos y mejorar sistemas de información. El paquete también se mete en gestión de personal, compras públicas, reducción de trabas burocráticas y herramientas para facilitar el comercio exterior.

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El recelo sindical aparece como el primer muro político. Desde ATE Nacional, Rodolfo Aguiar cuestionó el discurso oficial con una crítica frontal: “este Gobierno no puede hablar de profesionalización en la administración pública porque desde que asumió se ha empecinado en destruirla”. Además apuntó contra la suspensión del Fopecap, denunció retención de fondos destinados a capacitación y denunció el “desmantelamiento del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)”. Y dejó una advertencia sobre el método: “si piensan que profesionalizar es modificar el convenio colectivo sin la participación de los sindicatos, no lo van a lograr”.

En el plano académico, el diagnóstico coincide en el objetivo, pero discute el cómo. Maximiliano Campos Ríos, director de la Maestría en Administración Pública (FCE-UBA), sintetizó un estándar que suele repetirse en debates comparados: “profesionalizar el sector público implica ingreso por concurso, capacitación de excelencia y remuneración acorde”. En la misma línea, alertó sobre la rotación de cúpulas cada cambio de signo político: “No podemos cambiar a toda la alta dirección pública cada cuatro años”.

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Campos Ríos también vinculó el problema con la dispersión normativa y la gestión cotidiana del empleo estatal. “Hay que ordenar las asimetrías que implica tener más de 50 convenios colectivos de trabajo”, planteó, y cuestionó los nombramientos por excepción o por períodos cortos: “fragiliza y partidiza el segmento directivo”. Sobre el teletrabajo, defendió un esquema mixto, con la idea de aprovechar aprendizajes sin perder control de gestión.

Otra mirada técnica llegó desde políticas públicas y puso el foco en el riesgo de reducir la discusión a costos. Celina Cantú, directora de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral, sostuvo que la reforma debe encuadrarse en “una visión de Estado moderno y eficiente”, donde “la prioridad no sea únicamente la reducción de costos, sino la construcción de capacidades estatales sólidas y sostenibles”. Según su análisis, los países con mejores resultados comparten un denominador: profesionalización de recursos humanos y estructuras estables, con roles claros y una carrera que preserve conocimiento y atraiga talento.

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El telón de fondo de la discusión es la contracción del empleo público registrada en los últimos dos años. Según datos citados del Indec, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 la nómina bajó en 61.729 puestos, con una caída del 7,2% en el último año, y una dotación total de 280.120 personas en 2025. Con ese antecedente, el oficialismo intenta que la palabra “profesionalización” no suene a nuevo ajuste, mientras los gremios leen el movimiento como la continuidad de la motosierra por otras vías.

El plan abre una disputa inevitable: cómo equilibrar estabilidad con exigencia, y cómo construir una carrera que no dependa del clima político de turno. En el Gobierno admiten que será “un proceso largo” y que necesita cambios normativos, un punto que vuelve decisiva la negociación con sindicatos y el Congreso. En esa tensión, el resultado no se define por un anuncio sino por reglas concretas: concursos, evaluación, sanciones, formación y salarios, todo dentro de un Estado que hoy discute su propia forma de funcionar.

Fuente: LA NACION.