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Las lof Quemquemtreu y Buenuleo enfrentan órdenes de desalojo. La Justicia ratificó las resoluciones y el Ministerio de Seguridad de Río Negro debe ejecutarla.
Actualidad06/03/2025Dos comunidades mapuches de la cordillera de Río Negro se encuentran en máxima alerta. La lof Quemquemtreu, asentada en Cuesta del Ternero, y la lof Buenuleo, en Bariloche, han recibido notificaciones formales que establecen el inminente desalojo de los territorios que ocupan.
Los plazos para el retiro voluntario ya vencieron. En el caso de Quemquemtreu, la orden judicial se oficializó el 20 de febrero y concedía diez días para el retiro voluntario. En Buenuleo, el plazo de 15 días venció este miércoles 5 de marzo.
Ambos desalojos cuentan con ratificación judicial. El Tribunal de Impugnación Provincial confirmó las condenas de prisión en suspenso para algunos miembros de las comunidades por el delito de usurpación. También ratificó las órdenes de restitución de las tierras a sus propietarios legales.
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"El Estado prioriza los intereses privados en lugar de los derechos indígenas", denunciaron referentes de las comunidades afectadas. Consideran que las decisiones judiciales desconocen la legislación vigente en materia de derechos indígenas.
El Ministerio Público de Río Negro maneja la información con total hermetismo. No se han brindado detalles sobre los plazos ni sobre la modalidad del procedimiento. El Gobierno provincial tampoco ha emitido un comunicado oficial sobre cómo ejecutará las órdenes de desalojo.
El procedimiento requiere la intervención de fuerzas de seguridad provinciales. No podrán actuar efectivos federales en este operativo. También deberán participar organismos de protección de derechos de la infancia, dado que hay menores de edad en las comunidades.
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La lof Quemquemtreu denunció la presencia de drones sobre su territorio durante el fin de semana largo. Señalaron que estas acciones forman parte de un monitoreo policial previo a la ejecución del desalojo.
El sábado y el domingo, Quemquemtreu realizó un trawun. Se reunieron en el territorio para analizar el contexto actual y definir una postura frente al desalojo. Anticiparon que no permitirán el ingreso de las fuerzas provinciales.
"Estamos en un territorio sagrado que no puede ser vulnerado", manifestaron miembros de Quemquemtreu. Aseguran que el desalojo pondría en riesgo su espacio ceremonial y sus prácticas espirituales.
En su comunicado, la comunidad destacó que en ese territorio se encuentra una autoridad ancestral en formación. "Aquí se está levantando una machi que debe permanecer en contacto con su rewe", explicaron.
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El caso recuerda el antecedente de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Allí, la machi Betiana Colhuan Nahuel fue desalojada en 2022 en un operativo de fuerzas federales. Su rewe aún sigue bajo resguardo judicial.
En el caso de la lof Buenuleo, también emitieron un comunicado en el que manifestaron su rechazo a la medida judicial. La comunidad cuenta con el respaldo de 84 instituciones y organizaciones y más de 260 adhesiones individuales.
El conflicto de Buenuleo gira en torno a un sector de tierras que amplía su territorio actual. El litigio involucra al poseedor legal, Emilio Friedrich, quien presentó la denuncia por usurpación.
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"El Poder Judicial ignora el derecho indígena y favorece intereses privados", sostuvieron en el comunicado. Denunciaron que la restitución de esas tierras pone en riesgo la cuenca del arroyo Ñireco, fuente de agua potable para Bariloche.
Las comunidades apuntaron contra el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. "El Gobierno provincial es responsable por su falta de voluntad para resolver estos conflictos de manera pacífica", expresaron.
El caso de las lof Quemquemtreu y Buenuleo es un nuevo capítulo en los conflictos por tierras en la Patagonia. Los pueblos originarios exigen el reconocimiento de sus territorios ancestrales, mientras que los propietarios privados reclaman la restitución de sus predios.
El desalojo es inminente. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Seguridad de Río Negro disponga el operativo para ejecutar las órdenes judiciales. La tensión en la región sigue en aumento.
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