FISCALÍA PIDE QUE LA CORTE SUPREMA DUPLIQUE LA CONDENA A CRISTINA

El caso Vialidad suma un nuevo capítulo judicial. El fiscal general Mario Villar presentó una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal, solicitando que la Corte Suprema de Justicia agrave la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. La ex vicepresidenta fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, pero la fiscalía insiste en que también debe imputársele el delito de asociación ilícita en carácter de jefa, lo que llevaría su pena de 6 a 12 años de prisión.

Además, Villar apeló la absolución de Julio De Vido, ex ministro de Planificación, pidiendo que también sea condenado por su rol en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.

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El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Cristina Kirchner por fraude en la adjudicación de 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, en favor de empresas vinculadas a Lázaro Báez. La maniobra, según la Justicia, generó un perjuicio al Estado estimado en 85.000 millones de pesos.

El fallo fue revisado por la Cámara de Casación, que confirmó la condena pero solo por administración fraudulenta, descartando la imputación de asociación ilícita, al considerar que las irregularidades en la obra pública no constituían una estructura criminal organizada.

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Sin embargo, el fiscal Villar retomó la tesis del fiscal del juicio, Diego Luciani, y sostiene que la Cámara omitió analizar correctamente la figura de asociación ilícita. Según su argumentación, la red de corrupción operó de manera ininterrumpida durante 12 años, desde la presidencia de Néstor Kirchner en 2003 hasta el final del segundo mandato de Cristina en 2015.

Villar plantea que la Corte Suprema debe intervenir y corregir la decisión de la Cámara de Casación, ya que considera que el esquema de corrupción en la obra pública no fueron simples licitaciones irregulares, sino parte de un plan estructurado para desviar fondos públicos de forma sistemática.

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En su apelación, el fiscal argumentó que la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz fue utilizada como una herramienta clave dentro de una "organización delictiva", que asignó obras a empresas controladas por Báez y garantizó la continuidad del esquema con la permanencia de funcionarios clave en el Estado.

Además, la fiscalía cuestionó que la Cámara considerara que las 51 licitaciones fraudulentas fueran un único hecho delictivo, cuando cada una de ellas podría haber sido tratada como un delito individual, reforzando la teoría de múltiples ilícitos que justificarían la figura de asociación ilícita.

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Si bien la Cámara de Casación desestimó la acusación por asociación ilícita, el juez Gustavo Hornos sostuvo una postura distinta y coincidió con la visión de la fiscalía. Según su voto, la corrupción en la obra pública no se limitó a un conjunto de irregularidades administrativas, sino que fue un esquema organizado con una estructura jerárquica, sostenido durante más de una década.

Hornos argumentó que la red de corrupción no solo desvió recursos públicos, sino que además se diseñó para operar de manera continua, manteniendo en sus puestos a los funcionarios involucrados para garantizar la adjudicación de obras a las empresas favorecidas.

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Esta línea de pensamiento es la que impulsa la fiscalía en su apelación, buscando que la Corte Suprema reconsidere la imputación de asociación ilícita y eleve la condena de la ex presidenta a 12 años de prisión.

Desde el entorno de Cristina Kirchner, insisten en que el proceso judicial es una persecución política, argumentando que la causa tiene falencias jurídicas y que el fallo de Casación ya descartó la asociación ilícita.