Advierten que una nueva norma podría impedir el acceso a medicamentos innovadores

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) expresó una fuerte advertencia. La entidad cuestionó el proyecto de crear una Agencia Nacional de Evaluación y Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. Señaló posibles efectos negativos para el acceso a medicamentos.

La nueva agencia condicionaría la llegada de tratamientos. Según la cámara, esta regulación pondría una barrera económica previa al ingreso de medicamentos ya aprobados en el mundo. “Podría impedir o demorar su disponibilidad por años”, afirmó CAEMe.

El planteo central gira en torno a un derecho constitucional. La entidad sostiene que limitar el acceso a terapias mediante evaluaciones económicas violaría el derecho a la salud. “Los argentinos no podrían recibir medicamentos para enfermedades graves”, advirtieron.

La organización señaló una superposición de funciones. Remarcó que la evaluación de seguridad y eficacia ya corresponde a la ANMAT. La nueva agencia interferiría en ese proceso. “Funcionaría como una barrera adicional”, explicaron.

El reclamo también apunta al modo de implementación. CAEMe advirtió sobre el riesgo de un enfoque parcial. Exige un ente independiente, con participación de todos los actores del sistema de salud. “La transparencia debe ser total”, dijeron.

OTRAS NOTICIAS

Merino defendió los cambios en Trelew y pidió tiempo para revertir la crisis

La voz de los pacientes debe formar parte de la evaluación. La cámara remarcó que no se puede excluir a quienes usan los medicamentos. También pidió participación de médicos, financiadores y productores. “El paciente debe estar en el centro”, sostuvieron.

Las tecnologías deben evaluarse tras validar seguridad y eficacia. La cámara aceptó la necesidad de un análisis económico. Pero planteó que debe ser posterior a la aprobación técnica. “La agencia no puede frenar la innovación”, señalaron.

CAEMe se mostró a favor de una agencia moderna. Respaldó su creación si cumple estándares internacionales. Pero pidió garantizar que no limite derechos ni impida tratamientos. “La sustentabilidad no debe impedir el acceso”, indicó.

El comunicado se difundió ante rumores de inminente reglamentación. El proyecto se discutiría en los próximos días. Las autoridades aún no brindaron detalles del funcionamiento. La industria espera definiciones claras.

La agencia analizaría el costo-beneficio de cada tecnología. Esto incluiría medicamentos, equipos, métodos y procedimientos. El criterio sería económico, no clínico. Esto preocupa a sectores vinculados a enfermedades crónicas y raras.

La industria teme demoras largas en aprobaciones. Un rechazo de la agencia podría postergar tratamientos durante años. Las enfermedades no esperan, repiten desde distintas asociaciones de pacientes.

Los laboratorios reclaman reglas claras. Temen una parálisis en la innovación si no se define el marco normativo. El riesgo es que Argentina quede rezagada en tratamientos. “El país perdería acceso a la vanguardia médica”, sostienen.

OTRAS NOTICIAS

Suspendieron la asamblea de Coopsar por avances en gestiones clave

CAEMe integra a 39 laboratorios nacionales e internacionales. Representa a empresas de Argentina, Japón, Estados Unidos, Australia y Europa. Su foco está en la investigación clínica. “Somos la primera cámara farmacéutica de América Latina”, recordaron.

La inversión anual en investigación alcanza los 750 millones de dólares. El 94% proviene de las empresas asociadas. Argentina es un polo activo en estudios clínicos. “Lideramos la inversión en I+D del país”, remarcaron.

Los tratamientos nuevos buscan mejorar calidad y expectativa de vida. El desarrollo se enfoca en patologías complejas. La regulación podría detener el ingreso de soluciones urgentes. “Se frena la esperanza de miles de personas”, señalaron.

El comunicado generó repercusión en el sector médico. Varios especialistas manifestaron su inquietud. También asociaciones de pacientes expresaron respaldo a la advertencia. Temen más trabas para acceder a medicamentos esenciales.

El proyecto buscaría ordenar el gasto en salud. Pero la industria reclama un equilibrio entre control y acceso. El desafío es garantizar sostenibilidad sin vulnerar derechos. “No se trata solo de números”, remarcan.

Los laboratorios pidieron audiencia con autoridades. Quieren conocer los detalles del texto normativo. También proponen integrar mesas de trabajo. “La participación fortalece las decisiones”, afirmaron.

Las asociaciones médicas acompañan el pedido. Alertan sobre la posible pérdida de autonomía profesional. Temen que las decisiones terapéuticas pasen a depender del criterio económico. “El médico debe recetar sin presiones”, indicaron.

OTRAS NOTICIAS

Represas del Comahue: El gobierno anuncia definiciones y las provincias reclaman participación

El país ya sufre demoras en aprobaciones. Algunos tratamientos tardan años en estar disponibles. Con esta nueva agencia, la espera podría duplicarse. Los pacientes quedarían en pausa.

La agencia sería parte del sistema nacional de salud. Integraría decisiones en el PAMI y en obras sociales. Podría condicionar la cobertura de nuevos tratamientos. El impacto sería generalizado.

Desde el Gobierno aún no hubo respuesta. Funcionarios del área de salud no comentaron sobre la advertencia. Tampoco confirmaron los plazos de aplicación. El silencio inquieta a todo el sector.

La industria reclama una mirada integral. Pide considerar no solo el costo inmediato, sino el beneficio a largo plazo. Un medicamento caro puede evitar una internación, argumentan.

La preocupación también llegó al Congreso. Algunos legisladores analizan presentar proyectos para limitar el poder de la nueva agencia. Otros piden audiencias públicas. La discusión recién empieza.

Las cámaras empresarias coincidieron en el diagnóstico. También se sumaron entidades del sector privado de salud. El rechazo crece entre quienes trabajan en innovación médica.

CAEMe cerró su comunicado con una frase contundente. “El acceso a medicamentos no puede depender de un Excel”, afirmaron. El reclamo busca poner el foco en las personas.

La agencia aún no fue creada. Pero su sola mención ya encendió alertas. La tensión entre control y derecho a la salud se instala en el debate público. La salud, otra vez, en el centro del conflicto.