


El plan del Gobierno nacional para transferir el cobro parcial del IVA a las provincias genera incertidumbre y alarma. Los números estimados muestran distorsiones extremas en las alícuotas que debería aplicar cada jurisdicción. Catamarca, por ejemplo, debería cobrar un 81% para sostener su recaudación actual.


La propuesta surgió como una idea impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, semanas atrás. Sin embargo, los gobernadores aseguran que nunca recibieron un documento formal para debatir el tema. “Fue un anuncio sin papeles”, comentaron desde una de las provincias patagónicas.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) evaluó los efectos que tendría esta “federalización del IVA”. Las proyecciones revelan que algunas provincias apenas necesitarían recaudar un 2%, mientras que otras superarían el 50%. Las diferencias reflejan la desigual distribución económica del país.
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Un caso límite sería el de Catamarca, que necesitaría una alícuota provincial del 71%, más un 10% nacional. Chaco, por su parte, debería aplicar un 40% local para mantener sus ingresos. En cambio, Ciudad de Buenos Aires lo resolvería con solo un 2%.
Las diferencias podrían generar migraciones de consumo entre jurisdicciones vecinas. “Un vecino que cruce de provincia a CABA pagaría 4 puntos menos de IVA por el mismo producto”, advierte el informe. Esa distorsión pondría en tensión el federalismo y perjudicaría a comercios bonaerenses.
En la Patagonia, provincias como Chubut o Neuquén se ubicarían en una zona media con tasas del 20 al 21%. Mendoza podría alcanzar una carga total del 24%, mientras que Formosa treparía al 57%. El impacto sería desigual, incluso entre economías regionales similares.
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Para el director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, el sistema no está listo para este tipo de reformas. “Las provincias no están en condiciones de asumir el IVA de inmediato”, sostuvo en declaraciones a Ámbito. Habría que rehacer por completo el registro tributario de las empresas.
Actualmente, las grandes firmas tributan IVA en Capital Federal por cuestiones administrativas. Esa lógica beneficia a CABA en la distribución de recursos, aunque muchas ventas se realizan en otras provincias. Modificar esa estructura implicaría una transformación fiscal de gran escala.
Pegoraro advirtió que incluso si una provincia pobre ofreciera una baja alícuota, no sería competitiva. “Las empresas igual irían a Córdoba o Buenos Aires por su infraestructura”, explicó. La brecha no se resuelve solo con impuestos bajos, sino con condiciones logísticas.
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Los gobernadores temen que una federalización del IVA acentúe el desequilibrio entre regiones. Hasta ahora, la coparticipación buscó redistribuir los recursos desde los más ricos a los más pobres. “Es un sistema con impronta solidaria”, recordaron desde el norte argentino.
El Gobierno aún no definió si avanzará formalmente con el proyecto, aunque se barajan alternativas parciales. Se evalúan esquemas transitorios o mixtos, sin eliminar del todo el componente nacional. En cualquier caso, los gobernadores reclaman debate serio y tiempo para adaptarse.
El riesgo no solo está en las provincias pobres, sino en el conjunto del sistema fiscal argentino. Un esquema fragmentado del IVA podría romper las reglas del mercado interno. “Si no se armoniza, se transforma en una carrera desigual”, concluyó el informe del IARAF.
Fuente: Ámbito.









